Tensiones y Fricciones entre los jueces

Reconozco que con estas calores el estudiar casos y sentencias de los órganos jurisdiccionales es una autentica locura. Pero, tras leer detenidamente algunas de las solicitudes o propuestas de movimientos como el 15 M, me he puesto mano a la obra analizando algunas de las continuas disputas entre los dos órganos jurisdiccionales más importantes: el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.

No cabe duda que ni la jurisdicción ordinaria puede, al interpretar y aplicar las leyes, olvidarse de la Constitución, ni la jurisdicción constitucional prescindir del análisis crítico que de la aplicación de la ley hace la jurisdicción ordinaria, sobre todo cuando es necesario para determinar si se vulnera o no algunos de los derechos fundamentales o libertades públicas, como señala la Sentencia del Tribunal Constitucional 50/1984.

El artículo 123.1 de la Constitución española es clara cuando señala que “salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales, el Tribunal Supremo, con jurisdicción en toda España, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes”.

¿Desea el Tribunal Constitucional convertirse en un tribunal de Super-Casación?

Ante todo, el Tribunal Constitucional y los Jueces y Tribunales Ordinarios son independientes, actúan en órdenes jurisdiccionales diferentes y están regulados por sus respectivas normas. Pero en la práctica le resulta muy difícil al Tribunal Constitucional abstenerse de proceder como una instancia jurisdiccional superior, aunque su misión sea la de vigilar la constitucionalidad de las leyes.

Fue el profesor De la Oliva el primero con dar en la tecla de las causas de esas fricciones y de esas tensiones entre ambas jurisdicciones: la constitucional y la ordinaria.

Puntos de Fricción entre ambas jurisdicciones:

1)      Abundancia de derechos y libertades fundamentales constitucionalizados. (art. 14 a 30 de la Constitución Española).

2)      La amplitud de la configuración del recurso de amparo en los art. 41 a 44 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

3)      La interpretación expansiva del art. 24 de la CE por parte del Tribunal Constitucional.

Puntos de Tensión:

1)      Los juicios y pronunciamientos del TC sobre lo que se ha llamado la legalidad ordinaria.

2)      Los juicios del TC sobre valoración de la prueba o sobre los hechos del proceso seguido ante la jurisdicción ordinaria.

3)      Los pronunciamientos del TC que, tras anular la resolución recurrida, declaran firme una anterior a la anulada, prescindiendo de la correspondiente ulterior instancia o recurso que la ley prevea a cargo de la jurisdicción ordinaria.

Entre los casos más claros valga como muestra los siguientes:

  •   Sentencia del Tribuanl Constitucional 7/1994 de 17 de enero sobre investigación de la paternidad. Después de anular la sentencia del Tribunal Supremo, declaraba la firmeza de una sentencia de un órgano inferior, impidiendo la sentencia de segunda instancia o de casación e incurriendo en la lesión del derecho a la tutela judicial efectiva que comprende el derecho a los recursos legalmente previstos y a las sentencias que pongan término a tales recursos.
  •   Caso Urbanor. La resolución del Tribunal Supremo de 10 de Junio de 2008 absolvía a los empresarios Alberto Cortina y Alberto Alcocer en aplicación de la doctrina sobre la prescripción sentada por el TC que había anulado el 20/02/2008 la condena impuesta por la Sala de lo Penal del TS a los empresarios de los delitos de estafa y falsedad en documento mercantil en la venta de la sociedad Urbanor ya que estimaba que no había aplicado correctamente la jurisprudencia sobre la interrupción del plazo de prescripción de los delitos.  Mientras que el Tribunal Supremo mantenía que la presentación de la denuncia o de la querella bastaba para interrumpir la prescripción, el TC invade el ámbito reservado a los tribunales ordinarios, manteniendo que para interrumpir la prescripción se exigía la admisión a trámite de la querella o que el juez ordenase la iniciación de las diligencias oportunas.
  • o   Caso Bildu. El más reciente. El TC aprueba el recurso de amparo solicitado por la coalición Aberzale y permite que se presenten a las elecciones municipales del 22 M de 2011 desoyendo las pruebas que el propio TS había aceptado para su ilegalización.

Y es que lo que al Tribunal Supremo le repatea el hígado es que el Tribunal Constitucional ha traspasado muy a menudo el círculo de sus competencias, trascendiendo la propia Ley reguladora e incluso su propia doctrina sobre las facultades que se le atribuye a la potestad jurisdiccional. Deberían abstenerse de entrar en los hechos objetos del pleito, de ponderar pruebas, de fijar indemnizaciones de reparación de daños causados a derechos fundamentales como si de un tribunal de ejecución se tratara… Por cierto, que la reforma de la Ley Orgánica 2/1979 del TC, viene a refrendar esas actuaciones criticables disponiendo que será el propio TC quién delimitará el ámbito de su jurisdicción y adoptará cuantas medidas sean necesarias para preservarlas…

Con ello, el margen de discreción de que gozaba el TC alcanza el grado de “legibus solutus” (libre de ataduras legales) y abre la puerta al puro arbitrio de la voluntad de los magistrados.

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