Las grandes familias seguirán sin pagar su patrimonio empresarial

Siempre hay que leer la letra pequeña de cualquier contrato o normativa porque pueden llegar a encontrarse con sorpresas buenas o malas. Con el rescate del Impuesto de Patrimonio que aprueba hoy el Gobierno, las grandes familias con imperios empresariales pueden estar tranquilas.

¿El motivo? Seguirán sin pagar ese gravamen gracias a esa pequeña letra que la normativa mantiene. La vicepresidenta del Gobierno, Elena Salgado, ha revelado cambios en el tributo, pero no ha comentado que se vaya a modificar esa exención a las familias empresariales.  

Según el documento, hay personas que están exentas de saldar el Impuesto de Patrimonio con el fisco. Por ejemplo, aquellas que tienen una sociedad o holding familiar. Los bienes o derechos necesarios para  que funcione esa empresa cuentan con una bonificación total. Es decir, las acciones de la compañía, los fondos propios, la fábrica, la maquinaria, los terrenos de la empresa… etc.

Para lograr ese beneficio fiscal, hay que reunir unas condiciones. Primero, la persona debe tener como mínimo el 5% del capital de la empresa familiar de manera individual. Ese porcentaje asciende al 20% en caso de que se sumen las participaciones del cónyuge o los hijos.

Segundo, el beneficiario también debe tener un puesto en la dirección. Por último, se debe justificar que hay una actividad económica y empresarial. Por ejemplo, no vale decir que un grupo de inmuebles de la familia para su disfrute es un holding inmobiliario.

Bajo estas características, familias adineradas con un imperio empresarial se han beneficiado de esa bonificación desde 1996, cuando el Gobierno de Aznar incluyó este pequeño matiz defendido por el Instituto de Empresa Familiar. Así, famosas sagas familiares como Codorniú o Sanahuja podrían haber gozado de esta exención.

“Es muy fácil que una familia rica pueda evitar el pago de este impuesto gracias a la exención”, explica a este diario un experto en fiscal, que prefiere mantenerse en el anonimato. Imagínese que la riqueza de una familia reside en las acciones que tiene en su empresa o en el dinero invertido en ella, pues, según dicta la normativa, su participación estaría exenta del pago del Impuesto de Patrimonio.

Este podría ser el caso de Amancio Ortega con Inditex, especifican algunos expertos, que añaden que las fundaciones de los multimillonarios tampoco tributan con este gravamen.

Las personas jurídicas están fuera de la influencia de esa obligación fiscal. Bajo esas reglas, la mayoría de los adinerados distribuye su patrimonio en sociedades. Por lo tanto, a juicio de fiscalistas, el Impuesto sobre el Patrimonio no afectará a los más ricos.

Las CCAA deciden

No obstante, hay que tener en cuenta que el Gobierno resucita este gravamen, pero son las comunidades autónomas las que tienen el poder de hacerlo efectivo o cambiar sus condiciones. Según los cálculos, los gobiernos regionales podrían ingresar en sus arcas 1.080 millones de euros al año por esta recaudación.

Esta cifra se sumaría a los más de 2.000 millones de euros que el Ejecutivo les distribuye para compensar la eliminación de este tributo y que continuará ante la imposibilidad de un cambio normativa. De esta forma. el Ejecutivo deja en el tejado de las regiones el querer o no recaudar más dinero para cumplir con su déficit o suavizar sus recortes en gastos sociales.

Publicado en www.lainformación.com

 

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