El Gobierno presenta la Ley de Transparencia

El objetivo de la futura ley es garantizar a los ciudadanos el acceso a la información pública. Estos podrán presentar sus aportaciones al texto, a través de la página web del Ministerio de la Presidencia, a partir del próximo lunes día 27. La norma impondrá sanciones, incluso penales, a quienes gestionen mal los fondos públicos.

El Consejo de Ministros ha analizado un informe sobre el Anteproyecto de Ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y de su Ley Orgánica de naturaleza penal complementaria.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado que a partir del próximo lunes los ciudadanos podrán consultar el texto en la página web del Ministerio de la Presidencia y hacer las aportaciones al mismo que consideren oportunas durante un periodo de 15 días. Es la primera vez que en España se abre un periodo de audiencia pública a los ciudadanos.

Sáenz de Santamaría ha asegurado que la futura ley es una de las “más ambiciosas e importantes” del programa de gobierno de Mariano Rajoy.

La norma, según la vicepresidenta, “refuerza la confianza de las administraciones públicas, busca eliminar compartimentos opacos en el ámbito de la administración para que puedan ser consultados por los ciudadanos e impone férreas obligaciones de buen gobierno, principios éticos y principios de actuación con el correspondiente régimen de infracciones y sanciones, incluso penales, a los malos gestores o a los que incumplan las obligaciones previstas en la ley”, ha añadido.

Aspectos más destacados

La vicepresidenta ha explicado que la futura ley refuerza las obligaciones de publicidad activa de todas las administraciones. Esto significa que, a partir de su entrada en vigor, todas las administraciones públicas podrán acceder directamente desde sus páginas web a un conjunto de información clave para velar por la transparencia.

Sáenz de Santamaría ha puesto como ejemplo que las administraciones deberán suministrar la información relativa a los contratos con indicación del objeto, el importe de licitación y de adjudicación, el procedimiento utilizado, el adjudicatario, las modificaciones, las prórrogas, las variaciones de plazo y los precios.

Las administraciones tendrán que facilitar la relación de los convenios que suscriban con mención de las partes y las obligaciones económicas convenidas. Además deben indicar todas las subvenciones y ayudas públicas concedidas, su importe, finalidad y beneficiarios. Asimismo, debe aparecer una descripción amplia de las partidas presupuestarias y datos actualizados sobre su estado de ejecución. También deben figurar las retribuciones percibidas por los órganos superiores y directivos.

Información pública

El derecho de acceso a la información que obre en manos de las instituciones públicas es otra de las grandes novedades de la ley. La vicepresidenta ha señalado que los ciudadanos podrán solicitar información dentro de los límites previstos en la Constitución y en los convenios internacionales para salvaguardar datos de carácter personal o de seguridad pública.

Código de buen gobierno

La tercera parte de la ley es la aprobación de un código de buen gobierno, por primera vez con rango legal para todas las administraciones públicas. Esta ley establece principios éticos y principios de actuación, que en caso de no ser respetados darán lugar a la correspondiente sanción.

Soraya Sáenz de Santamaría ha señalado como ejemplos de infracciones muy graves la administración de los recursos y de la hacienda pública que no cumplan las disposiciones que regulan su liquidación, recaudación e ingreso en el Tesoro; la autorización de compromisos de gasto sin tener crédito suficiente o en contra de la legislación aplicable; la ausencia de justificación de la inversión de los fondos con arreglo a la Ley de Subvenciones y el incumplimiento deliberado de la obligación de reducir el nivel de deuda pública en los términos previstos en la ley. También es considerada infracción grave no formular los planes de ajuste o los planes económicos financieros en los supuestos que prevé la futura Ley Orgánica e Estabilidad Presupuestaria y Estabilidad Financiera.

La vicepresidenta ha asegurado que el incumplimiento de estas conductas, que se tipifican como infracciones, acarrea la correspondiente sanción. Los cargos públicos que cometan infracciones muy graves podrán ser destituidos y no podrán ocupar determinados cargos durante un periodo de entre cinco y diez años.

Entidades locales

Soraya Sáenz de Santamaría ha añadido que la norma habilita a los Presupuestos Generales del Estado a que fijen cada año un baremo en las retribuciones de los miembros de las corporaciones locales. Se tendrá en cuenta el carácter de la entidad local, el tamaño del municipio y sus circunstancias económicas, sociales y administrativas.

“Por primera vez en España se establecerá un baremo aprobado por las Cortes Generales, en la Ley de Presupuestos, para retribuir a los cargos municipales”, ha subrayado la vicepresidenta.

Ley de transparencia. Noticias

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