El Poder Judicial y Jueces para la Democracia consideran inconstitucional la Ley de Seguridad Ciudadana

El pleno del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado por unanimidad el informe al Anteproyecto de Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, sin modificaciones sobre la propuesta redactada por los ponentes Wenceslao Olea y Victoria Cinto. El texto que se remitirá al Gobierno contará con dos votos particulares concurrentes -es decir, que están de acuerdo con el informe pero solicitan una modificación o añadido-, uno del vocal Enrique Lucas, al que se adherirá la vocal Mercé Pigem; y otro de la vocal Concepción Sáez. El informe considera que los términos de justificación de la intervención de los poderes públicos son excesivamente amplios y recomienda adecuarlos a los límites constitucionales del concepto de seguridad ciudadana.

También cree excesivamente amplio el deber de denuncia establecido en el Anteproyecto y estima más adecuado circunscribirlo a hechos que supongan una perturbación cierta de la seguridad ciudadana o de los que pueda concluirse racionalmente que la producirán, sin que baste la mera sospecha o la posibilidad.cgpjfachada (210x280)

Rechazo de Jueces para la Democracia

Tras la aprobación del texto por parte del CGPJ, Jueces para la Democracia ha vuelto a mostrar su rechazo a Ley de Seguridad Ciudadana. Su portavoz, Joaquim Boch, realiza estas declaraciones que transcribimos íntegramente: “El informe del Consejo General del Poder Judicial en el que se advierte sobre la inconstitucionalidad de diversos aspectos de la Ley de Seguridad Ciudadana que impulsa el Gobierno ha confirmado la preocupación de numerosos sectores jurídicos ante los recortes de libertades. La nueva regulación supone graves limitaciones de los derechos de manifestación, de reunión, de información y de la libertad de expresión. Y representa un serio retroceso que nos lleva a concepciones propias de un Estado autoritario.

Para el Gobierno, el ciudadano que protesta es el enemigo. Sin embargo, en unademocracia constitucional no puede verse de forma negativa que las personas ejerzan sus derechos fundamentales. Ello es positivo para el intercambio de puntos de vista y para que se genere desde la pluralidad una opinión pública informada. Una última muestra de la falta de respeto a la posturas de los distintos grupos sociales es la propuesta de algunos sectores del Gobierno de limitar las zonas en las que se puede ejercer el derecho de manifestación. Con ello se pretende invisibilizar las protestas y vaciarlas de contenido. Sin embargo, como ha señalado reiteradamente la jurisprudencia, el lugar en el que se ejercen los derechos fundamentales tiene una importancia sustancial para exteriorizar de forma clara las distintas opiniones. Por ello, no resulta admisible que un Gobierno pueda esconder las muestras de descontento hacia su gestión.

Con la Ley de Seguridad Ciudadana se pretende convertir en un conflicto de orden público lo que es una situación de desavenencias sociales inherente a un sistema democrático. En lugar de respetar las distintas formas de expresión de la disconformidad, el Gobierno ha optado por la represión de las críticas y por buscar fórmulas para que estas no sean visibles.

No obstante, se está llegando a una regulación manifiestamente inconstitucional. Resulta abiertamente contrario a la Constitución que se puedan practicar detenciones por la comisión de faltas administrativas. Y también que la policía pueda realizar retenciones sin causa tasada y justificada. La prohibición de difusión de imágenes de los agentes en el ejercicio de sus funciones vulneraría el derecho fundamental de información e imposibilitaría que se puedan conocer excesos en el uso de la fuerza.

Por otro lado, se castiga con sanciones económicas desorbitadas determinadas formas pacíficas de ejercicio del derecho de manifestación. Con toda esta regulación no se produce ninguna protección de la seguridad ciudadana, sino que el Gobierno pretende disponer de un instrumento para poder acallar las críticas sociales. Y resulta especialmente censurable que las decisiones sobre materias vinculadas a los derechos fundamentales esenciales no queden atribuidas a órganos independientes, sino a la administración pública que es parte en los propios conflictos sociales que están teniendo lugar y a la que se reserva un enorme grado de discrecionalidad.

Asimismo, se pretende huir del control judicial, ya que nuestros tribunales han considerado que no constituyen infracción penal las manifestaciones ante edificios oficiales, los escraches pacíficos o determinadas acciones contra los desahucios. Por ello, el Gobierno pretende reservarse la potestad de castigar directamente esas conductas. En conjunto, la reforma que se impulsa resulta contraria a la pluralidad propia de una democracia constitucional y supone un inquietante ataque a nuestro sistema de derechos fundamentales”.

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