La presión frente a los indultos hace efecto

En 2014 los indultos se convirtieron en un asunto a tratar en las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros. La medida, rodeada de oscurantismo (el Gobierno no justifica cuáles se conceden y cuáles no), salía de su escondite habitual, las bambalinas del Estado, para que Soraya Sáenz de Santamaría afirmara orgullosa ante la opinión pública que habían denegado la petición a Carlos Fabra y José María Del Nido. Lo hizo el 21 de noviembre, en unas declaraciones que muestran cómo la presión popular, engordada gracias a decenas de indultos polémicosha conseguido que el Gobierno sea mucho más cauteloso ante el uso de esta medida.

Pero la muestra más relevante de este cambio de miras ante el indulto está en el descenso drástico del número de concesiones. Si hace un año contábamos que 2013, con 204, era el año con menor número de medidas de gracia, 2014 ha batido nuevo récord (a la baja): se concedieron 87 durante todo el año. O, lo que es lo mismo, algo más de siete indultos al mes, muy lejos de la media de un indulto y medio al día que acumulan los distintos gobiernos desde 1996.

El IndultoÌ metro

De esos 87 indultos, 15 llevaban la firma del ministro de Defensa (la mayoría, 11, por abandono de destino) y 72 del ministro de Justicia. Alberto Ruiz-Gallardón gestionó 65 antes de su dimisión y el nuevo ministro, Rafael Catalá, es responsable de otros siete, todos ellos concedidos en el Consejo de Ministros del 21 de noviembre. Los más habituales han sido los concedidos a condenados por delitos contra la salud pública (35), seguidos de los robos (12), delitos y faltas de lesiones (10) y tráfico de drogas (6). Entre estos últimos se encuentra el concedido a un hombre que había sido sentenciado a 15 años de cárcel en Cuba, que fue indultado en la misma tanda que otro que había intentado matar a su hermano en una comida familiar.

Pero una de las medidas de gracia más controvertidas del año fue la concedida a un guardia civil que había sido sentenciado a seis meses de inhabilitación de empleo o cargo público por un delito de omisión del deber de perseguir delitos. Según los hechos probados que narra la sentencia, el hombre subió a un tren con un amigo, que lanzó improperios de contenido sexual a una mujer sentada al lado, llegándole a tocar el pubis. Mientras, el guardia civil grababa todo con el móvil y se reía de la situación.

Fuente: Fundación Civio

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